Tras cumplirse 10 días de la puesta en marcha de la implementación del control de precios sobre 11 productos de higiene y aseo personal, los comercios siguen presentando irregularidades.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), señala que el 70% de los comercios verificados no cumplen con la nueva regulación. De los 236 comercios visitados durante la primera semana, 166 o 70% no cumplen con el Decreto Ejecutivo N° 114 que regula la venta de artículos de aseo personal y limpieza.
La medida establecida en el Decreto Ejecutivo N° 114, se genera por la distorsión que había en el mercado en torno los productos de higiene y aseo personal empleados como medida de prevención ante el coronavirus.
Los comercios que venden mascarillas desechables, productos antibacteriales y antimicrobiales, geles alcoholados, alcohol para uso externo, jabones antibacteriales líquidos o en barra, desinfectantes de uso doméstico y vitamina C ,entre otros artículos de aseo personal, limpieza y consumo, deben cumplir con la medida de margen de ganancia de un máximo de 23% -por unidad- en toda la cadena de comercialización.
Los comercios que registran mayores irregularidades se encuentran en las provincias. De los 166 comercios que incumplen con la medida, 116 o el 64% están en el interior del país, mientras que los 50 agentes económicos restantes se ubican en la ciudad capital.
“Los supermercados, minisúper, tiendas, abarroterías, farmacias y todo agente económico que vende los 11 productos regulados por el control de precios debe acatar la disposición”, dijo la Acodeco.
Durante los primeros 10 días se han verificado un total de 999 productos para constatar la factura de venta y el margen de comercialización que no debe ser superior al 23%.
La Acodeco hizo un llamado a los dueños de supermercados para que cooperen en las inspecciones, ya que muchos no cumplen con la presentación de las facturas para constatar su margen de ganancia.
Las multas para aquellos comercios que no cumplan con la normativa podrían ascender hasta los $10,000 dependiendo del tamaño de la empresa, asegura el regulador.
Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), sostiene que la medida de control de precios debe siempre implicar disposiciones complementarias que persigan a los que distorsionan el mercado.
Hay que aplicar sanciones distributivas por parte de otras entidades del Estado, como Aduanas y el Ministerio de Comercio e Industrias, suspendiendo la licencia comercial. Es decir, no solo aplicar la medida de control de precios -que es el error que ha cometido este Gobierno y el anterior-. Hay que perseguir a los distorsionadores del mercado”, precisó Fletcher.