Por quinto día consecutivo, Panamá enfrentó una intensa jornada de protestas contra el contrato minero firmado entre el Estado y Minera Panamá, un complejo escenario que mantiene prácticamente paralizado el país y su actividad económica.
Desde tempranas horas de ayer jueves 26 de octubre, varios sitios del país fueron cerrados, mientras que de forma paralela la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá solicitó al Gobierno que apruebe “una moratoria inmediata” de las nuevas concesiones mineras y se revise el Código de Recursos Minerales, como medida de urgencia para dar una respuesta al clamor de la población contra la minería y el contrato aprobado.
La imagen que se repetía en varios puntos era la de centenares de personas que caminan largos trayectos para poder trasladarse hacia sus destinos. La ciudad de Panamá, en la provincia de Panamá, y distritos de Panamá Oeste como La Chorrera y Arraiján, eran reflejo de ello.
También ocurría lo mismo en corregimientos de Colón, Veraguas, Chiriquí y Coclé, donde hay cientos de conductores que se mantienen varados.
Hasta ayer, unas 215 personas habían sido aprehendidas en el país durante las manifestaciones que se han realizado en los últimos días en rechazo a la Ley 406 de 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
La información fue suministrada por la Policía Nacional, entidad que también reportó que unos 25 agentes han resultado heridos en medio de estos sucesos. De esta cifra, el estamento de seguridad detalló que 8 fueron heridos con armas de fuego, 9 con objetos contundentes y 8 por agresión física. Ninguno de los heridos enfrenta riesgo de vida en este momento.
La Policía señaló asimismo que hasta ahora no se han registrado homicidios durante los disturbios que se han dado en varias regiones del país.
Se añadió que, en medio de las protestas, más de 30 comercios han sido vandalizados, lo mismo que ha pasado en seis oficinas estatales como las del Ministerio de Economía y Finanzas, ubicada en la Vía España. Asimismo, 18 vehículos resultaron afectados, de los cuales 13 fueron vandalizados y 5 incendiados.
Sector salud
Este jueves 26 comenzó el primer día de paro de labores anunciado por la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) y la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás.
Los gremios médicos dieron al Gobierno 48 horas para que se derogue el contrato minero; de lo contrario, extenderán la medida de fuerza, la cual implica suspender las atenciones en consulta externa y cirugías electivas.
“Seguimos brindando atención en los servicios de urgencias, cuidados intensivos y a aquellos pacientes hospitalizados”, dijo Domingo Moreno, coordinador de Comenenal.
Por su parte, la Caja de Seguro Social (CSS) denunció ayer jueves que los cierres de calles mantienen al Hospital de Chepo en una “difícil situación que compromete la atención y la vida de nuestros pacientes”.
En ese hospital, la entidad indicó que solo cuenta con cuatro médicos generales y dos internos brindando sus servicios. No hay médicos especialistas, porque los manifestantes les impiden llegar a sus puestos de trabajo.
La CSS dio a conocer que únicamente tiene comida para dos días, porque “los manifestantes no han permitido el paso de los alimentos para ese hospital”. Informó también que esta situación se repite en otras regiones del país como Panamá Oeste, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y provincias centrales. Ante este panorama, la CSS pidió un corredor humanitario de salud para poder atender a los pacientes.
De su lado, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a los manifestantes a que dejen pasar a las ambulancias en todo el país.
Mientras que aún las clases siguen suspendidas en el sector público, luego que gremios magisteriales extendieron el paro de labores hasta hoy viernes. En tanto, los centros educativos particulares mantienen las medidas adoptadas de flexibilidad por sus directivos y padres de familia.
Finca de Cortizo
Una de las manifestaciones que más llamó la atención durante la jornada de ayer fue la de un grupo de moradores que caminó desde las comunidades de Río Indio, en Donoso, provincia de Colón, hasta el distrito de Chagres para llegar a la finca del mandatario, Laurentino Cortizo.
A su paso, los costeños gritaron consignas en contra del contrato minero y de la actual gestión de Cortizo, quien tiene una finca en la localidad de Punta del Medio, corregimiento Piña, distrito de Chagres.
No obstante, personal del Servicio Nacional Aeronaval impidió la llegada de los manifestantes hasta la propiedad del gobernante.
Mientras esto transcurría, en la vía Transístmica persistían los cierres viales que han perjudicado la movilidad de camiones de carga hacia los puertos y France Field, también en Colón. En tanto, los docentes y universitarios se han congregado todos estos días en la zona de 4 Altos y miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) han seguido protestando. A raíz de todo esto, la seguridad en la Zona Libre de Colón ha sido reforzada.
Algunos diputados, como el del Partido Panameñista, Bernardino González, pidieron en el pleno de la Asamblea Nacional a los manifestantes que se oponen al contrato minero que “respeten la propiedad privada” y se abstengan de protestar frente a las casas de políticos, ministros, diputados y directores.